En 2026, el cumplimiento en precios de transferencia se ha convertido en un aspecto crítico para los grupos españoles con presencia en Latinoamérica. Venimos de un 2025 en el que varios países de América Latina se han alineado progresivamente con los estándares OCDE–BEPS y han reforzado sus requisitos documentales. El resultado es claro: más inspecciones, más requerimientos y un foco creciente en las operaciones vinculadas.

Este inicio de 2026 confirma la tendencia. La incorporación de Guatemala al Inclusive Framework on BEPS (OCDE/G20) y el avance de las administraciones fiscales latinoamericanas en el uso intensivo de tecnologías —analítica de datos, modelos predictivos, automatización e intercambio internacional de información— apuntan a un escenario claro: más control, más tecnología y prácticamente cero margen para la improvisación.

Ante este entorno, anticiparse deja de ser recomendable para convertirse en imprescindible. Contar con información clara, un análisis económico sólido y un calendario fiscal bien planificado por país resulta esencial para evitar riesgos, sanciones e inspecciones inesperadas. Hoy, para cualquier multinacional española, la visibilidad de obligaciones y la preparación temprana de la documentación ya no es una buena práctica: es una parte estructural de la gestión fiscal en un contexto completamente digitalizado.

A continuación, se presenta un resumen de las fechas más relevantes del primer trimestre de 2026 —de enero a marzo— que las multinacionales españolas deben tener en el radar para asegurar un cumplimiento oportuno en materia de precios de transferencia en Latinoamérica.