¿Por qué la geopolítica obliga a revisar la política de TP?

Las políticas de precios de transferencia se construyen sobre una fotografía concreta de la cadena de valor: quién hace qué, quién asume qué riesgos y cómo se reparten los beneficios entre las entidades del grupo. El problema aparece cuando esa fotografía deja de parecerse a la realidad. Y eso es justo lo que está ocurriendo. El conflicto en Oriente Medio, la guerra en Ucrania, los controles tecnológicos entre Estados Unidos y China, la inflación persistente y la fragmentación del comercio en bloques geoeconómicos han alterado en pocos años los cimientos sobre los que se diseñaron muchas políticas de TP que hoy siguen vigentes sin revisión.

El impacto no es marginal. Afecta de lleno a los cinco factores de comparabilidad de la OCDE: cambian las circunstancias económicas, evolucionan las estrategias empresariales hacia la relocalización de proximidad, se renegocian condiciones contractuales y, sobre todo, se transforma el análisis funcional. La asignación de riesgos pactada hace cinco años puede tener poco que ver con quién los está soportando hoy en la práctica. Conviene recordar que la OCDE es clara: los riesgos deben atribuirse a la entidad que ejerce control efectivo y dispone de capacidad financiera para asumirlos. Si una filial caracterizada como rutinaria está absorbiendo pérdidas extraordinarias, su posición frente a una inspección se vuelve frágil.

Algunos sectores están especialmente expuestos. Por el Estrecho de Ormuz transitan cerca de 20 millones de barriles diarios, una cuarta parte del comercio marítimo mundial, y cualquier disrupción se traslada de inmediato al crudo y a toda la cadena petroquímica. El transporte marítimo arrastra sobrecostes sostenidos por los desvíos del Mar Rojo. La automoción convive con interrupciones recurrentes en el suministro de chips, magnetos y tierras raras concentrados en Asia. Los semiconductores se reorganizan al ritmo de los controles a la exportación. Defensa y aeroespacial afrontan una demanda creciente con ciclos de producción largos. El agroalimentario depende de Ucrania, Rusia e Irán. La farmacéutica está repatriando principios activos desde Asia hacia Europa y América. Y la banca opera con un riesgo país más alto y regímenes sancionadores cada vez más complejos.

Estas perturbaciones se traducen en riesgos de TP muy concretos. El más frecuente es la reasignación funcional encubierta: una filial que sobre el papel es de riesgo limitado pero que en la práctica asume rupturas de suministro, sobrecostes logísticos o pérdidas cambiarias. Conexo a este aparece el problema de las pérdidas extraordinarias mal asignadas; la experiencia del COVID-19 dejó claro que invocar una perturbación externa no basta: hay que acreditar quién controlaba el riesgo y quién tenía capacidad financiera para asumirlo. A ello se suman deficiencias contractuales, comparables obsoletos basados en datos de 2018-2021 y APAs y MAPs cuyas hipótesis críticas se han movido sin renegociación formal. La relocalización de funciones entre jurisdicciones aliadas puede implicar una transferencia de potencial de beneficio que el Capítulo IX de las Directrices exige compensar. Y todo ello convive con desajustes entre TP, aduanas e impuestos indirectos, financiación intragrupo no actualizada y la interacción con el Pilar 2.

España es un caso particularmente interesante. Capta inversión industrial relevante por la relocalización de proximidad —automoción eléctrica, baterías, semiconductores, renovables, centros de datos— mientras sus multinacionales mantienen una exposición histórica notable a Latinoamérica, una región también golpeada por la fragmentación comercial y la volatilidad cambiaria. Argentina vive con control de cambios e inflación, México absorbe la relocalización desde Estados Unidos, Brasil converge al estándar OCDE desde 2024, Colombia y Chile sufren la volatilidad de materias primas. Todo ello ocurre mientras la AEAT mantiene los precios de transferencia entre las prioridades de su Plan Anual de Control Tributario, con foco creciente en reestructuraciones sin compensación por salida, pérdidas reiteradas en entidades rutinarias y financiación desalineada del entorno actual. La litigiosidad reciente confirma una atención cada vez mayor a la sustancia económica y a la conducta efectiva de las partes.

La conclusión es clara. La geopolítica ha dejado de ser un factor exógeno y ocasional para convertirse en una variable estructural. La aproximación tradicional —diseñar la política, documentarla y revisarla solo cuando llega la inspección— ya no protege al grupo. Hace falta una gestión dinámica: revisar periódicamente el análisis funcional y de riesgos, mantener la documentación alineada con los cambios operativos reales y coordinar las áreas fiscal, legal, financiera y operativa. Quienes lo hagan no solo gestionarán mejor el riesgo fiscal; también podrán anticiparse mediante APAs o MAPs antes de que llegue la controversia.