La directiva (ue) 2025/1892: nuevas obligaciones europeas en materia de residuos alimentarios y text
La directiva (ue) 2025/1892: nuevas obligaciones europeas en materia de residuos alimentarios y text
La Directiva (UE) 2025/1892, aprobada el 10 de septiembre de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 26 de septiembre, constituye una de las reformas más significativas de la política europea de residuos desde la revisión de 2018. Su objetivo es reforzar la prevención, la reutilización y la sostenibilidad en dos sectores con elevado impacto ambiental: el alimentario y el textil.
Con esta norma, la Unión Europea amplía el modelo de responsabilidad ampliada del productor (RAP), ya implantado en sectores como el de envases y residuos de envases o aparatos eléctricos, al ámbito textil y del calzado, estableciendo un marco armonizado para la gestión de los productos al final de su vida útil. La Directiva entró en vigor el 16 de octubre de 2025, y los Estados miembros deberán transponerla antes del 17 de junio de 2027, adaptando su legislación nacional a las nuevas obligaciones y mecanismos de control previstos en este instrumento.
La Directiva refuerza la lucha contra el desperdicio alimentario, imponiendo a los Estados miembros la obligación de prevenir la generación de residuos en toda la cadena alimentaria, desde la producción y la transformación hasta la distribución, la restauración y el consumo en los hogares.
Para lograrlo, se insta a los Estados a poner en marcha medidas de carácter preventivo, entre las que destacan las campañas de sensibilización y educación dirigidas a consumidores y empresas, la detección de ineficiencias en la cadena de suministro, el fomento de la donación y redistribución de alimentos para el consumo humano y el impulso de la innovación tecnológica orientada a reducir las pérdidas y optimizar el aprovechamiento de los recursos.
Además, la norma fija por primera vez objetivos cuantitativos y vinculantes a escala nacional que deberán alcanzarse antes del 31 de diciembre de 2030: una reducción del 10 % de los residuos generados durante la transformación y fabricación, y del 30 % per cápita en la venta minorista, la restauración y los hogares, tomando como referencia la media de los años 2021 a 2023.
La Comisión Europea desarrollará una metodología común de medición para garantizar la comparabilidad de los datos entre Estados, que deberán designar una autoridad responsable de coordinar la aplicación de estas políticas.
En el caso de España, la Directiva se superpone a la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que establece metas más ambiciosas —un 50 % de reducción en el consumo minorista y un 20 % en producción y suministro para 2030—. La nueva normativa europea obligará previsiblemente a revisar dichos objetivos o adaptar el plan nacional de control previsto en la ley, a fin de asegurar la coherencia entre la estrategia nacional y el marco regulatorio de la Unión.
El segundo gran bloque de la reforma se centra en el sector textil y del calzado, al que por primera vez se le aplicará en toda la Unión Europea un régimen armonizado de responsabilidad ampliada del productor (RAP), siguiendo el modelo ya existente para los envases o los aparatos eléctricos.
Con esta nueva regulación, los productores textiles deberán asumir los costes derivados de la gestión de los productos que introduzcan por primera vez en el mercado, una vez finalizada su vida útil. Ello incluye la recogida separada, la clasificación, la preparación para la reutilización y el reciclado de textiles y calzado usados, así como el tratamiento y la valorización de los residuos generados. También deberán financiar estudios sobre la composición de los residuos municipales, realizar campañas informativas al consumidor y contribuir a la investigación y al ecodiseño de productos más duraderos, reparables y reciclables.
Para garantizar una aplicación coherente y evitar duplicidades, la Directiva establece que las contribuciones económicas se abonen únicamente en el Estado miembro donde los productos se comercialicen y se prevea que se conviertan en residuos, evitando así la doble financiación entre países.
Cada Estado miembro deberá disponer de un registro nacional de productores textiles, interoperable a nivel europeo y de acceso público, en el que deberán inscribirse los operadores o sus representantes autorizados. Solo quienes figuren registrados podrán comercializar productos dentro de la Unión.
El cumplimiento de las obligaciones podrá realizarse de forma individual o a través de organizaciones de responsabilidad ampliada del productor, que requerirán autorización administrativa previa. Estas entidades se encargarán de organizar los sistemas de recogida, clasificación y tratamiento de los residuos textiles, fomentando la colaboración con la economía social, que podrá mantener sus propios puntos de recogida y recibir prioridad en su ubicación.
La Directiva también incorpora medidas específicas para el comercio electrónico, imponiendo nuevas obligaciones a plataformas digitales y operadores logísticos. Las plataformas deberán verificar que los vendedores cumplan con las normas de responsabilidad ampliada en el país de destino, mientras que los prestadores logísticos deberán comprobar la veracidad de la información y suspender sus servicios si se detectan incumplimientos.
En el ámbito operativo, la norma exige que las instalaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles cumplan condiciones adecuadas de protección y control, evitando la contaminación y promoviendo la reutilización o el reciclado de fibra a fibra. Además, se fijan requisitos de trazabilidad y documentación para los traslados de productos usados destinados a la reutilización y la obligación de realizar estudios periódicos sobre la composición de los residuos municipales mezclados, con el fin de mejorar la planificación y la eficacia de los sistemas de gestión.
Por último, la Directiva refuerza las exigencias de transparencia e información, imponiendo a los Estados miembros la comunicación periódica de datos a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente, con formatos armonizados y la obligación de publicar informes de control de calidad que permitan evaluar de forma homogénea los avances en todo el territorio de la Unión.
La aplicación de la Directiva en España requerirá una revisión integral del marco normativo nacional en materia de residuos, que deberá adaptarse a las nuevas obligaciones comunitarias. En particular, será necesario modificar la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, e incorporar las previsiones europeas en el futuro real decreto sobre productos textiles y calzado, actualmente en fase de tramitación.
Cabe recordar que, pocos días antes de la publicación de la Directiva, el 4 de septiembre de 2025, concluyó el período de información pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre Proyecto del Real Decreto por el que se regulan los Productos textiles y de calzado y de la gestión de sus residuos.
Resulta previsible, por tanto, que el texto definitivo de dicho Real Decreto no solo integre las aportaciones recibidas durante este trámite, sino que también ajuste su contenido a las nuevas exigencias impuestas por la normativa europea.
Además, la transposición de la Directiva exigirá una coordinación efectiva entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, especialmente en materias como la gestión y supervisión de los registros de productores, la autorización y control de las organizaciones de responsabilidad ampliada del productor, y la participación de la economía social en la recogida y clasificación de residuos textiles.
La Directiva (UE) 2025/1892 establece un nuevo punto de referencia en la política europea de gestión de residuos, al reforzar las medidas de prevención en el ámbito alimentario y extender el principio de responsabilidad ampliada del productor al sector textil y del calzado por primera vez en la Unión.
Su incorporación al ordenamiento jurídico español exigirá armonizar los objetivos nacionales de reducción del desperdicio alimentario y desarrollar un sistema estatal de responsabilidad ampliada para los productos textiles.
Se inicia así una etapa de ajuste normativo y administrativo relevante, en la que los operadores deberán anticiparse a los nuevos requisitos de diseño, trazabilidad y financiación, mientras que las Administraciones públicas deberán asegurar un marco regulatorio coordinado, claro y eficaz, capaz de ofrecer seguridad jurídica y promover una transición ordenada hacia un modelo de producción y consumo más sostenible.
Con esta norma, la Unión Europea amplía el modelo de responsabilidad ampliada del productor (RAP), ya implantado en sectores como el de envases y residuos de envases o aparatos eléctricos, al ámbito textil y del calzado, estableciendo un marco armonizado para la gestión de los productos al final de su vida útil. La Directiva entró en vigor el 16 de octubre de 2025, y los Estados miembros deberán transponerla antes del 17 de junio de 2027, adaptando su legislación nacional a las nuevas obligaciones y mecanismos de control previstos en este instrumento.
1. Sector alimentario.
La Directiva refuerza la lucha contra el desperdicio alimentario, imponiendo a los Estados miembros la obligación de prevenir la generación de residuos en toda la cadena alimentaria, desde la producción y la transformación hasta la distribución, la restauración y el consumo en los hogares.Para lograrlo, se insta a los Estados a poner en marcha medidas de carácter preventivo, entre las que destacan las campañas de sensibilización y educación dirigidas a consumidores y empresas, la detección de ineficiencias en la cadena de suministro, el fomento de la donación y redistribución de alimentos para el consumo humano y el impulso de la innovación tecnológica orientada a reducir las pérdidas y optimizar el aprovechamiento de los recursos.
Además, la norma fija por primera vez objetivos cuantitativos y vinculantes a escala nacional que deberán alcanzarse antes del 31 de diciembre de 2030: una reducción del 10 % de los residuos generados durante la transformación y fabricación, y del 30 % per cápita en la venta minorista, la restauración y los hogares, tomando como referencia la media de los años 2021 a 2023.
La Comisión Europea desarrollará una metodología común de medición para garantizar la comparabilidad de los datos entre Estados, que deberán designar una autoridad responsable de coordinar la aplicación de estas políticas.
En el caso de España, la Directiva se superpone a la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que establece metas más ambiciosas —un 50 % de reducción en el consumo minorista y un 20 % en producción y suministro para 2030—. La nueva normativa europea obligará previsiblemente a revisar dichos objetivos o adaptar el plan nacional de control previsto en la ley, a fin de asegurar la coherencia entre la estrategia nacional y el marco regulatorio de la Unión.
2. Sector textil
El segundo gran bloque de la reforma se centra en el sector textil y del calzado, al que por primera vez se le aplicará en toda la Unión Europea un régimen armonizado de responsabilidad ampliada del productor (RAP), siguiendo el modelo ya existente para los envases o los aparatos eléctricos.Con esta nueva regulación, los productores textiles deberán asumir los costes derivados de la gestión de los productos que introduzcan por primera vez en el mercado, una vez finalizada su vida útil. Ello incluye la recogida separada, la clasificación, la preparación para la reutilización y el reciclado de textiles y calzado usados, así como el tratamiento y la valorización de los residuos generados. También deberán financiar estudios sobre la composición de los residuos municipales, realizar campañas informativas al consumidor y contribuir a la investigación y al ecodiseño de productos más duraderos, reparables y reciclables.
Para garantizar una aplicación coherente y evitar duplicidades, la Directiva establece que las contribuciones económicas se abonen únicamente en el Estado miembro donde los productos se comercialicen y se prevea que se conviertan en residuos, evitando así la doble financiación entre países.
Cada Estado miembro deberá disponer de un registro nacional de productores textiles, interoperable a nivel europeo y de acceso público, en el que deberán inscribirse los operadores o sus representantes autorizados. Solo quienes figuren registrados podrán comercializar productos dentro de la Unión.
El cumplimiento de las obligaciones podrá realizarse de forma individual o a través de organizaciones de responsabilidad ampliada del productor, que requerirán autorización administrativa previa. Estas entidades se encargarán de organizar los sistemas de recogida, clasificación y tratamiento de los residuos textiles, fomentando la colaboración con la economía social, que podrá mantener sus propios puntos de recogida y recibir prioridad en su ubicación.
La Directiva también incorpora medidas específicas para el comercio electrónico, imponiendo nuevas obligaciones a plataformas digitales y operadores logísticos. Las plataformas deberán verificar que los vendedores cumplan con las normas de responsabilidad ampliada en el país de destino, mientras que los prestadores logísticos deberán comprobar la veracidad de la información y suspender sus servicios si se detectan incumplimientos.
En el ámbito operativo, la norma exige que las instalaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles cumplan condiciones adecuadas de protección y control, evitando la contaminación y promoviendo la reutilización o el reciclado de fibra a fibra. Además, se fijan requisitos de trazabilidad y documentación para los traslados de productos usados destinados a la reutilización y la obligación de realizar estudios periódicos sobre la composición de los residuos municipales mezclados, con el fin de mejorar la planificación y la eficacia de los sistemas de gestión.
Por último, la Directiva refuerza las exigencias de transparencia e información, imponiendo a los Estados miembros la comunicación periódica de datos a la Comisión Europea y a la Agencia Europea de Medio Ambiente, con formatos armonizados y la obligación de publicar informes de control de calidad que permitan evaluar de forma homogénea los avances en todo el territorio de la Unión.
3. Impacto en la normativa española
La aplicación de la Directiva en España requerirá una revisión integral del marco normativo nacional en materia de residuos, que deberá adaptarse a las nuevas obligaciones comunitarias. En particular, será necesario modificar la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, e incorporar las previsiones europeas en el futuro real decreto sobre productos textiles y calzado, actualmente en fase de tramitación.Cabe recordar que, pocos días antes de la publicación de la Directiva, el 4 de septiembre de 2025, concluyó el período de información pública abierto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre Proyecto del Real Decreto por el que se regulan los Productos textiles y de calzado y de la gestión de sus residuos.
Resulta previsible, por tanto, que el texto definitivo de dicho Real Decreto no solo integre las aportaciones recibidas durante este trámite, sino que también ajuste su contenido a las nuevas exigencias impuestas por la normativa europea.
Además, la transposición de la Directiva exigirá una coordinación efectiva entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, especialmente en materias como la gestión y supervisión de los registros de productores, la autorización y control de las organizaciones de responsabilidad ampliada del productor, y la participación de la economía social en la recogida y clasificación de residuos textiles.
4. Conclusión
La Directiva (UE) 2025/1892 establece un nuevo punto de referencia en la política europea de gestión de residuos, al reforzar las medidas de prevención en el ámbito alimentario y extender el principio de responsabilidad ampliada del productor al sector textil y del calzado por primera vez en la Unión.Su incorporación al ordenamiento jurídico español exigirá armonizar los objetivos nacionales de reducción del desperdicio alimentario y desarrollar un sistema estatal de responsabilidad ampliada para los productos textiles.
Se inicia así una etapa de ajuste normativo y administrativo relevante, en la que los operadores deberán anticiparse a los nuevos requisitos de diseño, trazabilidad y financiación, mientras que las Administraciones públicas deberán asegurar un marco regulatorio coordinado, claro y eficaz, capaz de ofrecer seguridad jurídica y promover una transición ordenada hacia un modelo de producción y consumo más sostenible.
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