EUDR: Entre la ambición regulatoria y la competitividad empresarial
EUDR: Entre la ambición regulatoria y la competitividad empresarial
El pasado 16 de junio celebramos un evento organizado por BDO, en compañía de SGS, centrado en la aplicación práctica del Reglamento Europeo contra la Deforestación (conocido como "EUDR") y las dificultades que está presentando la implantación de un sistema de diligencia debida alineado con los requerimientos regulatorios. La entrada en aplicación del EUDR se ha convertido en una de las cuestiones regulatorias en materia de Sostenibilidad más relevantes para muchas compañías en España, especialmente con cadenas de suministro internacionales.
No se trata únicamente de una nueva obligación de cumplimiento ambiental, supone un cambio profundo en la forma en que las organizaciones compran, documentan, trazan y justifican el origen de determinadas materias primas y productos derivados (Cacao, café, aceite de palma, caucho, etc.). En el evento se puso de manifiesto, entre los operadores y comercializadores asistentes, una realidad que muchas empresas ya están experimentando: el reto no está tanto entender el objetivo de la norma —ampliamente compartido— como aterrizarlo a procesos operativos, sistemas de información, relaciones con proveedores, etc., a través de la implantación de un modelo de diligencia debida adecuado a las características de la organización y además, con documentación y datos verificables ante posibles inspecciones de los órganos supervisores.
El EUDR exige a las organizaciones establecer un sistema de diligencia debida centrado en recopilar información detallada sobre proveedores, países de origen de productos, región de producción, geolocalización de las parcelas, etc., con el fin de acreditar la ausencia de deforestación, así como el cumplimiento de la legislación aplicable en origen.
Además, esta información debe conservarse y estar disponible durante años, con un nivel de calidad y trazabilidad suficiente para superar una revisión por parte de autoridades competentes o terceros independientes. En la práctica, muchas compañías se están encontrando con dificultades relevantes como, por ejemplo: — La trazabilidad completa hasta la parcela de origen, especialmente en cadenas de suministro multi-tier, con intermediarios, mezclas de lotes o materias primas procedentes de distintos países.
La calidad de la información recibida de proveedores, que en ocasiones no cuentan con sistemas tecnológicos, capacidades documentales o incentivos suficientes para aportar datos completos y verificables. — La necesidad de traducir requisitos regulatorios complejos en procedimientos internos, controles, responsabilidades y decisiones de negocio.
A ello se suma un elemento que no debe subestimarse: el EUDR no se limita a pedir documentación. Exige evaluar riesgos, cuando no pueda concluirse que el riesgo es nulo o despreciable en base a la información recopilada, se requiere adoptar medidas de mitigación antes de importar, exportar o comercializar el producto. Esto puede implicar solicitar información adicional, realizar auditorías, validar coordenadas mediante herramientas satelitales, revisar contratos, separar flujos de materias primas y, en última instancia, incluso cambiar de proveedor. En algunos casos, si el riesgo residual no puede reducirse, la decisión correcta será no operar con ese producto.
Uno de los debates más interesantes del evento fue precisamente el equilibrio entre regulación y competitividad. La regulación es necesaria para acelerar cambios que, de otro modo, probablemente avanzarían de forma más lenta y desigual. Pero también es legítimo reconocer que su aplicación tiene costes: inversión en tecnología, adaptación de procesos, formación, revisión contractual, auditorías, análisis geoespacial, interlocución con proveedores y, en ocasiones, rediseño de la estrategia de aprovisionamiento. Estos costes no afectan por igual a todas las empresas.Las grandes compañías pueden tener mayor capacidad para implantar sistemas robustos de diligencia debida, pero también gestionan cadenas de suministro más extensas y complejas.
Las pymes, por su parte, pueden verse especialmente tensionadas por la carga administrativa y por la dependencia de proveedores que no siempre están preparados para responder a los nuevos estándares. En ambos casos, la clave estará en evitar que el cumplimiento se convierta en un ejercicio meramente burocrático, desconectado de la realidad operativa. El debate competitivo es aún más relevante si se compara el nivel de exigencia europeo con el de otros mercados. Las empresas que operan en la UE deberán asumir obligaciones estrictas en materia de trazabilidad, legalidad y no deforestación, mientras que competidores en jurisdicciones menos exigentes pueden adquirir materias primas con menores requisitos documentales o de control. Si no se gestiona adecuadamente, esta asimetría puede generar tensiones en precios, disponibilidad de suministro y márgenes.
Por todo ello, resulta clave diseñar un sistema de diligencia proporcionado, claro y técnicamente viable, que permita cumplir con los requerimientos normativos. El reto está en encontrar un punto de equilibrio: una regulación exigente, sí, pero acompañada de guías claras, sistemas de información estables, criterios homogéneos entre Estados miembros y un enfoque proporcional que permita a las empresas cumplir sin bloquear innecesariamente el comercio.
Tras las modificaciones aprobadas, el calendario ofrece algo más de margen: las grandes y medianas empresas deberán cumplir, con carácter general, a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que determinadas microempresas y pequeñas empresas dispondrán de un plazo adicional hasta el 30 de junio de 2027. Sin embargo, conviene no interpretar este aplazamiento como una invitación a esperar. La complejidad de la adaptación hace que el tiempo disponible sea, en la práctica, limitado.
En definitiva, el EUDR representa una oportunidad para mejorar la transparencia de las cadenas de suministro y reforzar la coherencia entre estrategia ESG y decisiones de negocio. Pero también obliga a reconocer que la transición hacia modelos más sostenibles requiere inversión, tiempo y coordinación. La ambición ambiental debe ir acompañada de seguridad jurídica, proporcionalidad y realismo operativo.
Desde BDO, ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo especializado en Sostenibilidad y cumplimiento normativo, que les acompañe en el proceso de implementación o de verificación del sistema de diligencia debida, garantizando su alineamiento con la normativa vigente y exigencias regulatorias.
No se trata únicamente de una nueva obligación de cumplimiento ambiental, supone un cambio profundo en la forma en que las organizaciones compran, documentan, trazan y justifican el origen de determinadas materias primas y productos derivados (Cacao, café, aceite de palma, caucho, etc.). En el evento se puso de manifiesto, entre los operadores y comercializadores asistentes, una realidad que muchas empresas ya están experimentando: el reto no está tanto entender el objetivo de la norma —ampliamente compartido— como aterrizarlo a procesos operativos, sistemas de información, relaciones con proveedores, etc., a través de la implantación de un modelo de diligencia debida adecuado a las características de la organización y además, con documentación y datos verificables ante posibles inspecciones de los órganos supervisores.
¿Cuáles son los requerimientos principales del EUDR?
El EUDR exige a las organizaciones establecer un sistema de diligencia debida centrado en recopilar información detallada sobre proveedores, países de origen de productos, región de producción, geolocalización de las parcelas, etc., con el fin de acreditar la ausencia de deforestación, así como el cumplimiento de la legislación aplicable en origen.Además, esta información debe conservarse y estar disponible durante años, con un nivel de calidad y trazabilidad suficiente para superar una revisión por parte de autoridades competentes o terceros independientes. En la práctica, muchas compañías se están encontrando con dificultades relevantes como, por ejemplo: — La trazabilidad completa hasta la parcela de origen, especialmente en cadenas de suministro multi-tier, con intermediarios, mezclas de lotes o materias primas procedentes de distintos países.
La calidad de la información recibida de proveedores, que en ocasiones no cuentan con sistemas tecnológicos, capacidades documentales o incentivos suficientes para aportar datos completos y verificables. — La necesidad de traducir requisitos regulatorios complejos en procedimientos internos, controles, responsabilidades y decisiones de negocio.
A ello se suma un elemento que no debe subestimarse: el EUDR no se limita a pedir documentación. Exige evaluar riesgos, cuando no pueda concluirse que el riesgo es nulo o despreciable en base a la información recopilada, se requiere adoptar medidas de mitigación antes de importar, exportar o comercializar el producto. Esto puede implicar solicitar información adicional, realizar auditorías, validar coordenadas mediante herramientas satelitales, revisar contratos, separar flujos de materias primas y, en última instancia, incluso cambiar de proveedor. En algunos casos, si el riesgo residual no puede reducirse, la decisión correcta será no operar con ese producto.
El coste del cumplimiento y el debate sobre competitividad
Uno de los debates más interesantes del evento fue precisamente el equilibrio entre regulación y competitividad. La regulación es necesaria para acelerar cambios que, de otro modo, probablemente avanzarían de forma más lenta y desigual. Pero también es legítimo reconocer que su aplicación tiene costes: inversión en tecnología, adaptación de procesos, formación, revisión contractual, auditorías, análisis geoespacial, interlocución con proveedores y, en ocasiones, rediseño de la estrategia de aprovisionamiento. Estos costes no afectan por igual a todas las empresas.Las grandes compañías pueden tener mayor capacidad para implantar sistemas robustos de diligencia debida, pero también gestionan cadenas de suministro más extensas y complejas.Las pymes, por su parte, pueden verse especialmente tensionadas por la carga administrativa y por la dependencia de proveedores que no siempre están preparados para responder a los nuevos estándares. En ambos casos, la clave estará en evitar que el cumplimiento se convierta en un ejercicio meramente burocrático, desconectado de la realidad operativa. El debate competitivo es aún más relevante si se compara el nivel de exigencia europeo con el de otros mercados. Las empresas que operan en la UE deberán asumir obligaciones estrictas en materia de trazabilidad, legalidad y no deforestación, mientras que competidores en jurisdicciones menos exigentes pueden adquirir materias primas con menores requisitos documentales o de control. Si no se gestiona adecuadamente, esta asimetría puede generar tensiones en precios, disponibilidad de suministro y márgenes.
Por todo ello, resulta clave diseñar un sistema de diligencia proporcionado, claro y técnicamente viable, que permita cumplir con los requerimientos normativos. El reto está en encontrar un punto de equilibrio: una regulación exigente, sí, pero acompañada de guías claras, sistemas de información estables, criterios homogéneos entre Estados miembros y un enfoque proporcional que permita a las empresas cumplir sin bloquear innecesariamente el comercio.
Plazos de aplicación del EUDR
Tras las modificaciones aprobadas, el calendario ofrece algo más de margen: las grandes y medianas empresas deberán cumplir, con carácter general, a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que determinadas microempresas y pequeñas empresas dispondrán de un plazo adicional hasta el 30 de junio de 2027. Sin embargo, conviene no interpretar este aplazamiento como una invitación a esperar. La complejidad de la adaptación hace que el tiempo disponible sea, en la práctica, limitado.En definitiva, el EUDR representa una oportunidad para mejorar la transparencia de las cadenas de suministro y reforzar la coherencia entre estrategia ESG y decisiones de negocio. Pero también obliga a reconocer que la transición hacia modelos más sostenibles requiere inversión, tiempo y coordinación. La ambición ambiental debe ir acompañada de seguridad jurídica, proporcionalidad y realismo operativo.
Desde BDO, ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo especializado en Sostenibilidad y cumplimiento normativo, que les acompañe en el proceso de implementación o de verificación del sistema de diligencia debida, garantizando su alineamiento con la normativa vigente y exigencias regulatorias.
