Atención al cliente: el 28 de diciembre se acaba el plazo para adaptar chatbots, webs y call centers
Atención al cliente: el 28 de diciembre se acaba el plazo para adaptar chatbots, webs y call centers
La Ley 10/2025 pone fecha a algo que todos hemos sufrido: esperar eternamente al teléfono o chocar con un bot que no entiende la pregunta. Pero su alcance va mucho más allá del teléfono: se extiende a formularios web, contratación electrónica y protección de datos, con una vigilancia repartida entre Consumo, Banco de España, CNMV y supervisores sectoriales, no exenta de fricciones.
Desde el 28 de diciembre de 2025, España tiene una ley que dará trabajo a los departamentos jurídicos: la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, publicada en el BOE el 27 de diciembre de 2025 y en vigor desde el día siguiente. Las empresas tienen doce meses para adaptarse, esto es, hasta el 28 de diciembre de este año, y el error más frecuente sería pensar que esto va solo de atención telefónica: la adaptación obliga a revisar procedimientos internos, contratos tipo, páginas web y chatbots por igual.
Empresas obligadas por la ley
¿A quién afecta? A las empresas de bienes de consumo y servicios en general que superen los 250 trabajadores, los 50 millones de euros de facturación o los 43 millones de euros de balance (total activos). Y, sin umbral de tamaño, a las que prestan servicios de agua, gas y electricidad, transporte, correos, comunicaciones electrónicas y servicios financieros. No sustituye lo que ya existía, sino que fija un suelo común: en banca y telecomunicaciones se aplica con carácter supletorio.
Canales de contacto, chatbots y derecho a hablar con una persona
Aquí entra el derecho digital con fuerza, y no solo por los chatbots. Los canales de contacto deben figurar de forma accesible en la web, con lectura fácil y pictogramas, y en la página de inicio si la empresa opera online. El contestador automático no puede ser la única vía de atención, y el bot debe ofrecer siempre la opción de hablar con una persona identificada; el 95 % de esas solicitudes, al igual que las llamadas telefónicas, deben atenderse de media en menos de tres minutos. La IA puede ser la puerta de entrada, pero nunca el único muro.
Contratación electrónica, reseñas y protección de datos
El impacto llega también a la contratación electrónica. La ley exige que, cuando el precio de un contrato a distancia se haya personalizado mediante decisiones automatizadas, la empresa informe de ello y de los parámetros usados, sin que esa personalización pueda disparar el precio en situaciones de urgencia del consumidor. También obliga a garantizar que las reseñas publicadas en la web procedan de clientes reales. Y todo registro o transcripción —llamadas, formularios, chats— queda bajo el RGPD, lo que obliga a repasar cómo y durante cuánto tiempo se conserva.
Plazos de respuesta y atención continuada
En plazos de respuesta, la ley no se anda con rodeos: quince días hábiles con carácter general, apenas dos horas si hay un corte de suministro en servicios básicos, y cinco días si hay una factura o un cobro indebido de por medio. Las averías masivas deben comunicarse de forma simultánea por los canales digitales: gestionar bien una crisis deja de ser solo cuestión de imagen para convertirse en obligación legal. Y en los servicios básicos de prestación continuada, la atención debe estar operativa las 24 horas, algo exigente para quien vende online sin pausa.
Régimen sancionador y autoridades de supervisión
Donde la mirada de derecho público y regulatorio resulta imprescindible es en cómo se castiga el incumplimiento, porque aquí la ley da menos certezas de las que parece. No trae su propio catálogo de multas, sino que remite al régimen general de consumo y a la normativa autonómica; y como se aplica en cada comunidad, una misma práctica puede acabar sancionada de forma distinta según el territorio del cliente que reclama, sin que la ley aclare cómo deben coordinarse las administraciones cuando el caso afecta a varias comunidades a la vez. Además, si el mismo hecho encaja tanto en esta ley como en una norma sectorial, prevalece la sectorial, y si además hay datos mal tratados, interviene el RGPD por su cuenta. Un ejemplo: chatbot que tarda más de dos horas en atender un corte de luz y, de paso, guarda mal una grabación, puede enfrentarse a dos autoridades distintas. En el sector financiero vigilan el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros (según el tipo de entidad); en el resto, las administraciones de consumo, que deberán coordinarse cuando el caso afecte a varias comunidades autónomas, aunque la ley no explica bien cómo ni en qué plazo.
Cómo preparar la adaptación
Para empresas y despachos, el trabajo no acaba en el call center. Conviene repasar todo el recorrido del cliente: formularios web y contratación electrónica, para que informen de cualquier personalización automática del precio; atención telefónica y chatbots, para que dejen siempre una puerta abierta a una persona; sistemas de grabación, para que cumplan a la vez la trazabilidad legal y el RGPD; y protocolos de atención a clientes vulnerables, donde conviene revisar si se está pidiendo más de lo que exige la ley —basta con que el cliente diga que es vulnerable para que se le presuma así, sin pedirle certificado ni justificante—. También hay que auditar cada año un sistema de calidad —cada dos si la empresa es pequeña—, guardar la documentación al menos cinco años y tenerla lista para una posible inspección, así que conviene buscar auditor cuanto antes.
Un mínimo común con la supervisión como asignatura pendiente
Al final, la Ley 10/2025 pone sobre el papel algo que empresas y reguladores llevaban tiempo pensando: que una mala atención al cliente, también la digital, acaba en una reclamación evitable. Su valor está en fijar un mínimo común —plazos, accesibilidad, derecho a hablar con alguien, transparencia en la automatización— donde antes cada sector y cada canal iba a su aire. Su talón de Aquiles sigue estando en la letra pequeña de quién vigila y cómo se coordinan las administraciones. Las empresas tienen poco plazo para ponerse al día; los reguladores, menos tiempo del que querrían, para demostrarlo.