• NUEVA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL
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NUEVA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL

25-02-2022

En una conocidísima sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre de 2021, el máximo intérprete de la Constitución Española (CE) declaró la inconstitucionalidad y nulidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor sobre los Terrenos de Naturaleza Urbana (más conocido como “plusvalía municipal”), y más concretamente de los artículos 107.1, 107.2 a) y 107.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), relativos al método de determinación de la base imponible del impuesto.

En la propia sentencia, el Tribunal Constitucional dejó claro que dicha declaración de inconstitucionalidad “supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad. Debe ser ahora el legislador (y no este tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 («BOE» núm. 142, de 15 de junio)”.

Como respuesta a dicha declaración, el Gobierno de la Nación aprobó, haciendo uso del mecanismo previsto en el artículo 86 CE, el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Dicho Real Decreto-ley fue publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de noviembre de 2021 y entró en vigor el 10 de noviembre.

Frente a dicho Real Decreto-ley, dos grupos políticos de nuestro arco parlamentario interpusieron dos recursos de inconstitucionalidad con los números 735/2022 y 825/2022.

Pues bien: en el Orden del Día del pasado 22 de febrero de 2022 que se ha hecho finalmente público el 24 de febrero siguiente, hemos conocido que el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite ambos recursos de inconstitucionalidad contra dicho Real Decreto-ley.

Las consecuencias prácticas más inmediatas de dicha admisión a trámite serían que, aquellas liquidaciones o autoliquidaciones tributarias practicadas al amparo de la nueva norma que entró en vigor el pasado 10 de noviembre de 2021 podrían verse eventualmente afectadas por una posible declaración de inconstitucionalidad del nuevo Real Decreto-ley, pero, para ello, el contribuyente afectado debe iniciar las correspondientes vías de impugnación y revisión procedentes dentro del plazo previsto al efecto a fin de salvaguardar sus legítimos derechos e intereses. Está por ver el efecto temporal en función de cuándo se termine la tramitación parlamentaria de la norma como ley ordinaria si bien, por otro lado, en la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre de 2021, en un pronunciamiento sin precedentes, se limitó el efecto de la misma en los siguientes términos: “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha”.

Por ello, no se puede descartar que, en el supuesto de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad del nuevo Real Decreto-ley se vuelva a producir una limitación de los efectos, por lo que es recomendable el inicio de los procedimientos de revisión e impugnación pertinentes a fin de mantener abierta la controversia y, como decíamos, ver salvaguardados y protegidos los derechos del contribuyente en caso de una eventual declaración de inconstitucionalidad.

En BDO contamos con equipos especializados en procedimientos tributarios que cuentan con amplia experiencia en la materia. Estamos a su disposición para estudiar la viabilidad de la recuperación de las cuotas ingresadas y acompañarles durante todo el procedimiento de impugnación y revisión.

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