CONSECUENCIAS DE LA AUSENCIA DE UN CANAL DE DENUNCIAS INTERNO POR PARTE DE LOS PROMOTORES INMOBILIARIOS

A través del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto –que entró en vigor el pasado 4 de septiembre y que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva Europea 2015/849- se introdujeron diferentes novedades en diversos preceptos de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Una de las novedades más significativas –y que ahora es objeto del presente blog- es la inclusión del artículo 26 bis, precepto que exige a los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales –entre los que se encuentran los promotores inmobiliarios y todas aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles- a implementar un canal de denuncias interno a fin de que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso de forma anónima, al representante de la sociedad ante el SEPBLAC cualquier información relevante sobre posibles incumplimientos de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de las normas que lo desarrollan. De esta forma, y tal y como se establece en el propio Real Decreto-Ley, se exige que los sujetos obligados –entre los que se encuentran los supra reseñados- cuenten “con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla”.

Para evitar innecesarias duplicidades el propio artículo 26 bis, en su apartado 1, establece que las empresas que ya tengan implementado un canal de denuncias interno al objeto de comunicar informaciones relativas a la comisión de actos o conductas ilícitas –en especial, las relativas a la posible comisión de delitos por parte de empleados o directivos de la compañía- podrán integrar en dicho canal de denuncias el previsto en el artículo 26 bis, es decir, aquellas sociedades que tengan implementado ex artículo 31 bis del Código Penal un modelo de organización y gestión adecuado y eficaz para la prevención de delitos –lo que comúnmente se denominan Programas de Compliance Penal- podrán “aprovechar” ese mismo canal a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 26 bis.

Sin embargo, aquellas sociedades que no dispongan de un programa de compliance penal -ex artículo 31 bis del Código Penal- y, por ende, no tengan un previo canal de denuncias interno deberán ahora, tras la modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales , implementar el canal de denuncias al que se hace referencia en el nuevo artículo 26 bis, ya que tal omisión es –según establece la propia Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales- constitutiva de una falta leve que puede ser sancionada con una multa de hasta 60.000 €.

Dicho en otras palabras: la importancia y gravedad de la sanción prevista por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales radica en que nos encontramos –a diferencia de lo que ocurre con la falta de implementación del canal de denuncias previsto para el programa de compliance penal que no acarrea sanción alguna si no concurre la previa comisión de un ilícito penal- ante una sanción objetiva cuyo único presupuesto es la mera inexistencia del canal de denuncias, sin que se exija ninguna otra circunstancia adicional, esto es, sin que se exija a la hora de imponerse la sanción que el empleado, directivo o agente de la compañía haya incurrido en incumplimiento alguno de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales . Basta la mera inexistencia del canal de denuncias para que se entienda que se ha incumplido el artículo 26 bis de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales .

Lo anterior hace del todo aconsejable que las empresas promotoras que actúan en el sector inmobiliario –amen de todas aquellas personas que ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión, o intermediación en la compraventa de inmuebles- implementen de forma preventiva el referido canal de denuncias. Las consecuencias de tal omisión son las ya anunciadas: comisión de una falta que puede acarrear graves sanciones económicas para la compañía.