EL DESPLAZAMIENTO HASTA EL PUESTO DE TRABAJO NO ES TIEMPO DE TRABAJO

Existen no pocas dudas sobre la obligación de registro de la jornada, por lo que las decisiones judiciales que van produciéndose con cuenta gotas, aunque resuelvan casos anteriores o no idénticos, sirven de guía para abordar el diseño e implantación de una política interna al respecto que cumpla la doble función de, no afectar a la productividad de la empresa y, a su vez, dar cumplimiento a la obligación legal existente.

Con este escenario el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en fecha de 19 de noviembre de 2019 por la que establece que el tiempo que utilizan los bomberos de AENA en desplazarse hasta su puesto de trabajo, desde que acceden a las instalaciones del aeropuerto tras pasar el control de acceso, no debe considerarse como tiempo de trabajo a efectos retributivos.

Esta sentencia, que resuelve un caso anterior al decreto de marzo de 2019, anula las sentencias precedentes del Juzgado Social de Palma y del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares, quienes dieron la razón al trabajador y consideraron esos desplazamientos como tiempo de trabajo que debía retribuirse. Así, a pesar de no haber llegado realmente hasta su puesto de trabajo, consideraron que el trabajador ya se encontraba a disposición del empleador. El Tribunal Supremo, por el contrario, entiende que durante ese desplazamiento interno por las instalaciones del aeropuerto el trabajador no puede prestar servicios ni se le puede encomendar tarea laboral alguna y, por tanto, no cabe entender esos tiempos como a disposición del empresario a efectos retributivos.

La disparidad de criterio entre tribunales evidencia la falta de una norma clara que regule los tiempos que se pueden producir en las empresas (tiempo de espera, de apertura y/o cierre; tareas preparatorias, relevos, etc.). Esto obliga analizar cada caso de forma individualizada siendo necesario que las empresas analicen su propia realidad y se autoregulen al definir sus políticas de registro de jornada.

Evidentemente, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo resuelve un caso muy concreto que no permite su aplicación generalizada. Sin embargo, sí sirve como marco de referencia el resumen de jurisprudencia comunitaria que detalla y las conclusiones que alcanza para determinar si un tiempo es de trabajo o no:

  • No es la intensidad de la actividad o el carácter directamente productivo de la misma lo que determina la naturaleza del tiempo en cuestión.
  • Cuando la persona no es libre para elegir su ubicación o actividad, sino que está a disposición de la empresa surge una importante presunción de estar ante tiempo de trabajo.
  • La presencia en dependencias empresariales constituye un factor a favor del carácter laboral del tiempo durante el que se dilata.
  • El desplazamiento realizado bajo la dependencia del empleador puede ser ya tiempo de trabajo.
  • Es posible establecer una remuneración diversa de la ordinaria para aquel tiempo de trabajo que, pese tal consideración, no posee carácter directamente productivo.
  • El control de acceso puede ser algo diverso al registro de jornada, por lo que no sirve para acreditar cuando empieza la efectiva prestación de servicios que deba remunerarse (STJUE 14 mayo 2019, C-55/18).
  • En materia de tiempos de trabajo y descanso pueden suscitarse controversias desde distintas perspectivas: retribución, topes máximos de jornada; materia prestacional; libertad o flexibilidad horaria, etc.

Conclusiones a las que podemos otras de pronunciamientos anteriores:

  • El uso de sistemas de geolocalización como único medio para llevar a cabo el registro de jornada no es adecuado (STS 13/03/2018; 16/07/2019) o
  • No cabe considerar como tiempo de trabajo efectivo el empleado por los trabajadores desde su domicilio hasta el del primer cliente y desde el último hasta su domicilio (STS 04/12/2018).

Por tanto, aunque después de esta última sentencia seguimos a oscuras en puntos clave del registro de jornada, no es menos cierto que, poco a poco, se va dibujando un mapa de consideraciones jurídicas que hay que conocer e interpretar para poder ajustar las políticas internas en consecuencia.