JUNTAS DE SOCIOS TELEMÁTICAS

Una de las principales novedades mercantiles que nos ha dejado la excepcionalidad normativa generada durante la pandemia ha sido la relativa a la asistencia y celebración telemática de las reuniones de los órganos corporativos (Juntas y Consejos de Administración).

Dichas normas, introducidas en el mes de marzo, buscaban por un lado, reducir el riesgo de contagio derivado de las reuniones físicas y, por otro acotar el posible impacto y consecuencias legales derivadas de una hipotética paralización de los órganos sociales.

En esta línea, el Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, ha ampliado la duración de alguna de las medidas excepcionales adoptadas por el ya famoso Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo en lo relativo a la celebración de las juntas generales. En concreto, el nuevo Real Decreto Ley establece que, durante el año 2021, en las sociedades anónimas, cotizadas o no, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, el consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia de los accionistas por medios telemáticos y el voto a distancia, en los términos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, así como la celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional. Si la literalidad del artículo 3 del citado Real Decreto Ley parece reservar dicha posibilidad sólo para juntas de accionistas convocadas por parte de un consejo de administración, atendiendo a la finalidad pretendida por el Legislador, entendemos que ello debería resultar también de aplicación cuando la administración de la sociedad no esté encomendada a un consejo. Hecho distinto es el relativo a las reuniones de los órganos de administración de dichas sociedades, para las cuales, ni la Exposición de Motivos, ni el propio articulado del Real Decreto Ley hace mención alguna al respecto y, por tanto, entendemos no quedan amparadas bajo el paraguas de esta regulación excepcional.

Adicionalmente, en lo que concierne a las sociedades limitadas, esta norma también permite que durante el año 2021 puedan celebrarse las junta generales por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia, o quienes los representen, dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico, todo ello a pesar de que los estatutos sociales no lo hubieran previsto. Como puede verse, a diferencia de lo que sucede en las sociedades anónimas, para las sociedades de responsabilidad limitada el legislador no permite el voto a distancia. Además, mientras que para las sociedades anónimas se dice que estará permitida la asistencia por “medios telemáticos”, dando libertad al órgano de administración para decidir sobre los mismos, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada dichos medios vienen ya prefijados por el legislador pudiendo optarse únicamente entre dos; la videoconferencia o la conferencia telefónica múltiple. Idéntico régimen al previsto para las sociedades de responsabilidad limitada resulta de aplicación para las sociedades comanditarias por acciones, las asociaciones, las sociedades civiles, las sociedades cooperativas y las fundaciones.

De este modo, y en un intento de anticiparse a la incertidumbre que depara el 2021, el legislador trata de garantizar los derechos de los asociados o socios minoritarios que no puedan desplazarse físicamente hasta el lugar de celebración de la junta o la asamblea.

Viendo en consecuencia que los nuevos sistemas de asistencia y celebración en juntas van a consolidarse, resulta interesante hacer un breve balance de algunas de las problemáticas y situaciones que pueden generarse de acuerdo con la experiencia acumulada de estos últimos meses.

Efectivamente, los que hemos tenido ocasión de asistir a juntas telemáticas celebradas durante estos últimos meses de Pandemia hemos podido constatar algunas situaciones que generan dudas relevantes en cuanto a su aplicación práctica y que, en ocasiones, pueden ser fuente de problemas.

Resulta evidente que en aquellas juntas o reuniones de socios que no son pacíficas, en las que muchas veces existen intereses contrapuestos y que puede haber tensión entre los asistentes, los nuevos métodos de asistencia y celebración telemática de las mismas pueden ser ingredientes que agudicen los conflictos y las desconfianzas existentes entre los socios. Conviene, por tanto, ser cautos y rigurosos con las previsiones legales existentes al objeto de confirmar que no se dañan los derechos e intereses de ninguno de los socios.

Sin embargo, es inevitable que surjan situaciones y cuestiones que no se hallan resueltas en parte por la excepcionalidad de las normas y, en otra, porque probablemente dichas normas y procedimientos no han sido suficientemente desarrollados previamente, ni desde un punto de vista jurídico ni técnico.

Una de estas situaciones se refleja en la duda sobre si, a la vista de la nueva normativa, resulta obligatorio celebrar estas reuniones de esta forma (telemática o por videoconferencia) o, por el contrario, los socios que lo deseen pueden asimismo asistir personalmente a las mencionadas reuniones de socios. Dicho de otro modo, ¿puede un socio obligar a la sociedad a que ésta le garantice su asistencia telemática a la junta cuando ello no se haya previsto en la convocatoria de junta? A sensu contrario, ¿puede un socio exigir que se permita su asistencia presencial a la junta cuando en la convocatoria se especifique que la junta será celebrada por medios telemáticos? En definitiva, ¿nos hallamos ante un derecho o una obligación del socio?

De la literalidad de la norma debemos entender que se trata de una medida excepcional y, por tanto, supletoria y aplicable temporalmente sólo en los casos en los que los estatutos no tengan ya previsto este tipo de reuniones y su régimen de funcionamiento. Por lo tanto, parece evidente que las sociedades puedan, o bien establecer en sus estatutos un régimen propio de funcionamiento para las reuniones no presenciales, o bien renunciar, por otras vías no estatutarias, a la aplicación de las disposiciones contenidas en Real Decreto Ley sobre este aspecto en concreto.

Sin embargo, si la sociedad no dispone de dicha previsión específica y aplica la posibilidad de celebrar una junta telemática en base al Real Decreto Ley, cabe entonces preguntarse si todos los socios tienen la obligación de asistir de esta forma o pueden exigir, todos o alguno de ellos, asistir personalmente a la misma. La norma no establece nada al respecto, pero parece lógico pensar que, en estos casos, si el socio manifiesta con anterioridad su intención de asistir personalmente a la junta al órgano convocante, nada debería impedirle dicho derecho, siempre y cuando pueda garantizarse el cumplimiento de las medidas de seguridad y su asistencia no ponga en peligro la salud de otros socios y asistentes. El derecho a asistir personalmente puede tener sentido en el caso en que se confirme que el órgano convocante o, en el caso de actas notariales, el notario, asistan personalmente a la celebración de la junta. Pensemos en aquellas juntas en las que a determinados socios puede resultarles conveniente el asistir personalmente para confrontar determinados actos o manifestaciones que considere adecuados formular ante la presencia de, por ejemplo, otros socios, del órgano de administración o del propio notario. Esta posibilidad presenta el riesgo de que ningún otro socio asistiera personalmente, en cuyo caso la acción reclamada por el socio podría resultar estéril para la finalidad pretendida. 

Otra situación que puede generar dudas es la que tiene que ver con la preparación del acta de la reunión. El Real Decreto Ley 8/2020 establece que el secretario remitirá el acta de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. Nada dice la norma de si se refiere al acta aprobada o al borrador de ésta. Parece difícil pensar que exija el acta aprobada, especialmente en los casos de aquellas juntas en las que se ha requerido la presencia del notario. Normalmente, bastantes problemas tienen los notarios para recopilar y ordenar todas y cada una de las manifestaciones vertidas con ocasión de una junta no pacífica como para que tengan que enviarla de forma inmediata, con el riesgo de errores o inconcreciones y, por tanto, de que se alargue la redacción de esta. En el caso de juntas sin presencia de notario, tampoco parece factible que el secretario pueda, en algunas ocasiones, remitir el acta aprobada. Algunos autores consideran que resultará suficiente con el envío de un borrador de la misma y permitir que el acta sea aprobada en la siguiente reunión.

En cuanto a las cuestiones técnicas (teléfonos, plataformas, software, capacidad de conexión a internet, etc.), éstas también pueden originar problemas que impidan el normal desarrollo de la asistencia, participación y votación en las juntas.

La norma solo exige que todos los asistentes dispongan de los medios necesarios, pero pueden darse situaciones en las que no se pueda desarrollar correctamente alguno de los derechos propios del socio (por ejemplo, falta de conexión a la plataforma indicada en la convocatoria) y ello puede ser fuente de reclamaciones y motivar incluso impugnaciones de acuerdos sociales.

La debida diligencia con la que debería actuar el órgano convocante podría comportar, en aquellos casos de juntas con muchos socios o en juntas donde la relación entre los socios es especialmente sensible, a ofrecer previamente a los socios la información básica o necesaria para la correcta conexión a la plataforma concreta e, incluso a ofrecer algún tipo de formación previa (o incluso un ensayo de conexión previo) y, por ejemplo, un servicio de incidencias que permita, durante el transcurso de la junta, solucionar los posibles problemas que puedan aparecer. En cualquier caso, como asesores del convocante recomendaríamos siempre dejar prueba de dichas actuaciones diligentes, a los efectos de evitar dar motivos de impugnación. Otra recomendación, siempre aconsejable, sería la de grabar las sesiones. Asimismo, y atendiendo al grado de conflictividad que pudiera existir entre los socios, nos deberíamos incluso plantear, para el caso de que alguno de éstos perdiera su conexión durante el transcurso de la junta, la opción de suspender momentáneamente la misma o, incluso, optar por su finalización y celebración en un momento posterior si el socio no pudiera recuperar su conexión, todo ello en aras a evitar posibles impugnaciones judiciales.

Es posible que algunas de las situaciones anteriores sean pulidas por futuros criterios y pronunciamientos de los órganos competentes. En cualquier caso, parece claro que estas novedades han venido para quedarse y que esta situación excepcional puede comportar cambios legislativos en el campo del funcionamiento de las sociedades mercantiles. Hasta que esto llegue, conviene prestar atención a estos mecanismos y en función de la tipología de sociedad y de los socios que la componen, resulta recomendable profundizar en el redactado de los estatutos sociales a fin de que contemplen las normas de funcionamiento que más se adapten a las características de cada sociedad.